Tarifa Social de Ande beneficia a familias en situación de pobreza y pobreza extrema

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El Programa denominado “Tarifa Social” implementado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) beneficia a familias en situación de pobreza y pobreza extrema que tengan un consumo inferior a 300 kWh/mes, con subsidios que van desde el 25 al 75 por ciento sobre la tarifa residencial monofásica. La Tarifa Social de la energía eléctrica, beneficia actualmente  a  más de 240.000 a nivel país, según datos registrados en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS).

Para ordenar la entrega de este beneficio se establecen tres (3) rangos de consumo mensual de energía eléctrica que determinan el nivel de subsidio. Estas medidas están establecidas en la Ley N° 3480/2008, donde se establecen los criterios para la aplicación de la tarifa social a los usuarios que cumplan los requisitos.

Los usuarios residenciales que consumen entre 201 kilovatios hora (kWh) /mes y 300 kWh/mes, pagan 25 por ciento menos del costo de la energía activa; si consume entre 101 kWh/mes y 200 kWh/mes, paga el 50 por ciento menos; y si consume entre 1 kWh/mes y 100 kWh/mes, paga el 75 por ciento menos.

Mediante el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) que es una herramienta de gestión de las políticas de protección social que integra información de personas beneficiarias y potenciales beneficiarios (registro único de beneficiarios), además de la oferta pública disponible (programas sociales) y los presupuestos vinculados a estos programas se  posibilitó identificar los beneficiarios de este programa.

Con la implementación de esta herramienta se busca facilitar y transparentar el proceso de identificación de los participantes de programas sociales, así como también impulsar los mecanismos de exclusión de participantes, que no cumplan con los requisitos establecidos para acceder a algún beneficio.

Por otro lado, el SIIS es una herramienta de gestión que permite la adecuada toma de decisiones en el ámbito social y el monitoreo de la inversión social a fin de evaluar el impacto de los programas.

Con la implementación de esta herramienta se logra entregar información cuantitativa y cualitativa en cuanto a beneficiarios y beneficios otorgados por el Estado.

En este sentido, compromete a las instituciones en su rol social a intervenir, según su competencia y a articularse con otras dependencias públicas de modo a evitar duplicar la entrega de beneficios y así lograr una mejor redistribución de los recursos. Además colabora en el seguimiento a cada programa, en cuanto a su desempeño por año, destaca el Gabinete Social de la Presidencia de la República.