MONTEVIDEO, — En Uruguay podría haber un colapso en el sistema sanitario público, que recibió una avalancha de nuevos pacientes por la crisis económica generada a partir de la pandemia de COVID-19, dijo a Sputnik el secretario de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez.
«Podría ocurrir un colapso en el sistema público (…) muchos trabajadores dejaron el sector privado, lo que está generando un cuello de botella en Asse [Administración de los Servicios de Salud del Estado]. Estamos hablando de que el sector público tiene entre 70.000 y 80.000 afiliados nuevos», dijo a Sputnik Bermúdez.
El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay da acceso universal a todos los residentes en el país.
La oferta se divide en público y privado y, como ocurre en la mayoría de países con sistemas mixtos, la atención brindada por los prestadores públicos queda restringida a la población de menores ingresos.
Bermúdez señaló que frente a los 200.000 seguros de paro, 100.000 desocupados y la perspectiva de que, a fin de año, el 16% de la población económicamente activa esté desempleada, hay un traspaso de las personas que estaban en las mutualistas privadas al sistema público.
«Esto genera un cuello de botella en Asse, La caída de buena parte del sector privado, significaría un retroceso brutal en el combate a la pandemia«, alertó.
La Federación Uruguaya de la Salud anunció el 18 de agosto que el 20 de agosto se realizará un paro parcial que irá desde las 08:00 hasta las 15:00 hora local (11:00 a 18:00 GMT).
La huelga será con concentración en el Obelisco de Montevideo —zona que concentra a buena parte de instituciones de la salud— y una marcha en caravana hasta el Ministerio de Trabajo.
Recortes
Por otro lado, Bermúdez señaló que a esta situación se le agrega el recorte que está realizando el Gobierno sobre el presupuesto público.
«Este es un problema inmenso, porque además hay recorte de recursos en el presupuesto público. Claramente existe la posibilidad de que los elementos de contención de la pandemia se aflojen. La pandemia no se combate con un discursos bonitos, ni con propaganda fantástica, se sostiene con un buen presupuesto», afirmó.
El 11 de marzo, el Gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó un decreto que establece un recorte de 15% en gastos de funcionamiento e inversiones para la mayoría de los organismos estatales.
Asimismo, también señala que las vacantes generadas hasta el 31 de diciembre de 2019 no podrán ser cubiertas, y que en 2020 sólo podrá ser provista la tercera parte.
El 14 de agosto, el secretario nacional de trabajadores tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, José Ríos, dijo a Sputnik que el afán del Gobierno uruguayo de realizar recortes en todas las áreas del Estado está llevando a la salud por el camino de la privatización.
La semana pasada, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y los estudiantes universitarios realizaron distintas marchas contra los recortes que está impulsando el Gobierno.
Bermúdez afirmó que el motivo del paro de este 20 de agosto se basa en la necesidad de encabezar un convenio colectivo que le permita a los trabajadores de la salud mantener el salario y el empleo ante una futura crisis que va a «dejar instituciones por el camino y también miles de puestos de trabajo».
El senador opositor Mario Bergara señaló el 11 de agosto a la radio M24 que el Gobierno recortó en pandemia 400 millones de dólares y posiciona a Uruguay en un lugar «vergonzoso» en la región, entre los países que menos destinaron para paliar la crisis ocasionada por el COVID-19.
Incluso el Ministerio de Desarrollo Social advirtió al Ministerio de Economía y Finanzas —en el marco de la elaboración del presupuesto nacional— que podrían existir dificultades para cumplir con las políticas sociales, en un contexto de crisis sanitaria, a raíz de la escasez de recursos.
Vacuna contra el COVID-19
Además, Bermúdez dijo que la Federación Uruguaya de la Salud expresó su preocupación ante la escasa información por parte del Gobierno sobre el acceso a la vacuna contra el COVID-19.
«Observamos la escasa información del Gobierno con mucha preocupación; llama la atención que el espectro político nacional no haya salido a cuestionar esta situación», comentó Bermúdez a Sputnik.
El 17 de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que el Gobierno explora la «eficacia de las vacunas» y que cuando seleccione una «tratará de comprarla rápido», según informó el diario El País.
El mandatario aseguró que el Gobierno pretende comprar dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, sin especificar cuál de las que se están desarrollando será la adquirida por Uruguay.
«Es muy grave que de forma liviana se diga por parte del Gobierno que se van a comprar dos millones de vacunas», expresó Bermúdez.
El dirigente dijo que lo ideal sería tener la vacuna antes del verano, no solo por el cuidado de la salud de la población, sino por el turismo.
«La idea es que podamos tener una temporada lo más parecida a lo normal porque estamos todos deseosos de [ayudar] a un sector pujante como el turismo, que ha sido uno de los más golpeados en la pandemia», afirmó.
Del total de personas positivas al COVID-19 en Uruguay, 1.219 ya se recuperaron y 40 fallecieron.
Respecto a la falta de información sobre qué vacuna se comprará y a qué precio, el dirigente advirtió que tal vez exista por parte del Gobierno alguna «limitación» desde el punto de vista ideológico para hacer acuerdos con determinados países.
«Poner el tema de la vacuna como una quimera, a la cual se va a llegar mágicamente sin un debate profundo nos parece una actitud por lo menos preocupante; lo miramos con mucha atención, nos faltan muchos datos para poder tener una opinión concreta, porque no se brinda información», lamentó Bermúdez.
Fuente: Agencia de noticias Sputnik.