En comunicación con Radio Carlos A. López, el Fiscal Milciades Ramos nos habló acerca del allanamiento realizado en el Barrio Juan Pablo II.
“Un procedimiento con resultado positivo tuvimos el fin de semana, se debe también a que estamos trabajando muy de cerca con el departamento Antinarcótico de la Policía Nacional, quienes estaban realizando relevamientos de datos y nos solicitaron el allanamiento de una vivienda en el Barrio Juan Pablo II, de donde se incautó estupefacientes como crack y cocaína sin poder aclarar sobre la procedencia, así también dinero en efectivo posible producto de la venta de dichas drogas, y teléfonos celulares para realizar las pericias” menciono el fiscal durante la entrevista.
La cantidad incautada equivale aproximadamente a 85 gramos de crak y 3 gramos de cocaína que equivaldría a unas 600 dosis, que generaría un ingreso importante para los supuestos micro traficantes, “el resultado positivo se logró gracias a un trabajo sigiloso, ahora estamos contando con más policías de antinarcótico que ayudaría a facilitar y mejorar el trabajo” dijo el fiscal Ramos, quien al mismo tiempo instó a la ciudadanía cooperar con la unidad de la manera más discreta, reservando su identidad.
“Estamos trabajando de manera conjunta con la SENAD y la Dirección de la Unidad Antinarcótico de la Policía Nacional”, resaltó Ramos.
A raíz de este procedimiento los involucrados fueron imputados por «Posesión ilegal de estupefacientes, como también de comercialización «se les dio todas las garantías procesales, ya fueron llamados en la fiscalía en donde se abstuvieron a declarar, ambos estuvieron asistidos por un Defensor Público, se abrió el proceso, fueron imputados, donde el Juzgado de Garantía decretó la prisión de los mismos, siendo remitidos a la penitenciaría Regional de Misiones” recalcó.
Según la Ley 1340 están expuestos a una pena de 5 a 15 años de penitenciaría en estos casos, una vez recabados todos los elementos de pruebas, tantos testificales, documentales, periciales, extracción de datos, siempre ofreciéndoles la garantía de poder defenderse como establece el debido proceso del Principio Constitucional de Defensa en Juicio, alegó el Fiscal.