Con el objetivo de proteger el suministro de energía eléctrica en todo el país, el Gobierno castigará duramente a quienes se dediquen a este negocio ilícito, anunció este viernes, la vocera de la Presidencia de la República, Paula Carró.
Afirmó que no se perseguirá a la criptominería en general, sino a las fábricas instaladas en forma clandestina que perjudican al sistema eléctrico nacional.
Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa, recordó que a partir del año 2020, se inició la actividad de criptominería en Paraguay, con conexiones legales y paralelamente ilegales de manera masiva, por lo que con esta ley se pretende erradicar a las últimas.
También, mencionó que se elevará la pena de 3 años hasta 10 de cárcel, y que se procederá además a la incautación de equipos utilizados para la sustracción de energía eléctrica.
Finalmente, el asesor legal Nelson Medina, explicó que la ilegalidad en el uso de la energía eléctrica, se trata de un delito penal público, por lo que están obligados por imperio de la Ley, del Código Procesal Penal y también por la Ley 1.626, de denunciar el hecho punible.
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