Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural valora trabajos realizados por Indert

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Integrantes de la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores valoraron los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) en el relevamiento de datos de las colonias públicas de varios departamentos de la Región Oriental, mediante el Sistema Integrado de los Recursos de la Tierra (SIRT), también conocido como censo rural.

El presidente del Indert, Justo Cárdenas, fue recibido por los parlamentarios en la oficina de la comisión presidida por el senador Sixto Pereira.  También estuvieron presentes Nelson Aguinagalde y Enzo Cardozo.

Cárdenas resaltó que los datos relevados hasta ahora por el SIRT permiten al ente rural llevar adelante con mayor eficacia los trabajos técnicos y jurídicos tendientes a completar la titulación de los lotes en los próximos meses, cumpliendo requisitos específicos establecidos por la Dirección Nacional de los Registros Públicos (DNRP) del Poder Judicial.

Los legisladores se mostraron gratamente sorprendidos por la demostración del SIRT y coincidieron en sostener que el sistema servirá para un trabajo serio y confiable, a fin de concretar la reforma agraria en Paraguay.

Los miembros de la comisión  indicaron que luego de 70 años de postergación, ahora comienza una tarea sumamente confiable y altamente técnica en el relevamiento y registro de los datos de las colonias públicas.

En la reunión, el presidente del Indert y los senadores también analizaron la situación generada en las colonias Guahory y Tembiaporá, jurisdicción de Caaguazú, en el departamento del mismo nombre.

Cárdenas informó que se trata de tierras fiscales que la mayoría ya tienen títulos emitidos por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) y también por el Indert que ya no se puede recuperar.

“Son tierras que están inscriptas en la Dirección Nacional de los Registros Públicos (DNRP) en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la mayoría de esos lotes ya tienen dueños. Lamentablemente esos títulos tienen legalidad, pero no son legítimos y la mayoría de los casos sus dueños ni siquiera viven en el país, por lo tanto, no tendrían que haber calificado como beneficiarios de la reforma agraria”, finalizó el presidente del Indert.