El presidente de la República, Santiago Peña, recibió el informe elaborado por la Comisión Especial para la Gestión del Conflicto de la colonia Santa Teresa Manduarã, departamento de Caazapá, presentado por el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, en el marco de las acciones orientadas a alcanzar una solución definitiva en la regularización de tierras.
Avances para la regularización y adjudicación de tierras
Durante la presentación, se expusieron los avances en el proceso de análisis y abordaje del conflicto, con énfasis en la agilización de la firma y entrega de adjudicaciones de tierras a los sujetos de la Reforma Agraria de la colonia.
Pobladores de la zona destacaron la predisposición del Gobierno del Paraguay para dar respuesta a casos históricos que permanecieron postergados durante años, valorando la apertura institucional para encaminar una solución definitiva.
Mesa de trabajo y participación de actores sociales
El proceso fue acompañado por una mesa de trabajo encabezada por el INDERT, que integró a representantes de la comisión vecinal San Óscar Romero (Ex Marina Cué), entre ellos el sacerdote Pascual Kinoti, así como los dirigentes campesinos Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
En este espacio, se incorporaron testimonios y experiencias vinculadas a otros casos emblemáticos, como el de Curuguaty, ocurrido hace más de una década, con el objetivo de aportar elementos que contribuyan a una solución integral del conflicto.
El diálogo como eje para la solución definitiva
El informe presentado resaltó que el proceso de regularización de tierras requiere del diálogo y la construcción de consensos entre todos los actores involucrados, como vía para acelerar y garantizar resultados sostenibles.
En ese sentido, la comisión impulsó acciones orientadas a concienciar a los colonos sobre la importancia del entendimiento y la articulación, como base para avanzar hacia una solución definitiva.
Con este proceso, el Gobierno del Paraguay continúa avanzando en una política orientada a resolver conflictos históricos de tierras, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el acceso equitativo a la propiedad, a través de mecanismos institucionales basados en el diálogo, la planificación y la articulación entre actores.
Fuente: Presidencia de la República