La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Coronel, explicó que la reforma busca corregir la fragmentación y el déficit financiero actual. Tras un diagnóstico detallado, se propone uniformar parámetros para sectores con beneficios dispares, garantizando que el sistema sea viable a largo plazo para todos los trabajadores.
Identificaron tres problemas críticos: la inequidad en el acceso a beneficios pese a igual tasa de aporte, las jubilaciones demasiado tempranas y la falta de proporcionalidad. En 2024, el 60% de los nuevos jubilados tenía menos de 55 años, destacando casos en docentes y fuerzas públicas con retiros a edades mínimas.
Para solucionar esto, se plantea establecer una edad mínima de jubilación de 57 años para docentes, magistrados y fuerzas públicas. Además, se introduce una escala de sustitución donde el beneficio inicia en un 78% del salario, pudiendo alcanzar el 100% si el trabajador decide extender su vida laboral activa.
Un cambio estructural importante es el aumento de la tasa de aporte del 16% al 19% para todos los sectores cotizantes. La funcionaria subrayó que, dada la situación crítica de la Caja, es necesario un esfuerzo colectivo y pragmático para asegurar que el Estado pueda cumplir con los pagos presentes y futuros.
Respecto a los temores de los gremios, aclaró que la ley no afectará derechos ya adquiridos ni a quienes ya cumplen los requisitos actuales para jubilarse. Los jubilados vigentes mantendrán sus condiciones bajo las reglas anteriores, buscando así disipar interpretaciones erróneas que generan resistencia en los sectores afectados.
Finalmente, destacó que sólo dos de cada diez paraguayos acceden a la seguridad social, calificando la jubilación como un privilegio que debe protegerse. La reforma se enfocará en los sectores que hoy generan mayor déficit, utilizando el diálogo y la transparencia técnica para lograr el consenso necesario en el Congreso.
-Hugo Venancio Villalba