«Cuando comienzan las primeras publicaciones nosotros empezamos a tomar conocimiento de todo lo que venía ocurriendo, principalmente desde el año 2020 cuando se confirma el inicio de las obras de la construcción del Puente Bioceánico y la construcción de la ruta», explicó el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Francisco Ruíz Díaz, en el inicio de la rueda de prensa, realizada en la sede de la institución.
Recordó que cuando hicieron la intervención en la oficina de la Región Occidental o Chaco, encontraron solamente el 60 % de los expedientes, no el 40 %. Aseguró que muchos de los expedientes, no estaban.
«La ocupación está sobre un inmueble fiscal, ahí lo que corresponde es hacer una mensura judicial, pasar al nombre del Instituto porque los inmuebles fiscales son del Estado Paraguayo y posteriormente transferir el inmueble a los ocupantes», afirmó.
Mencionó que en este caso, se produjeron documentos públicos, supuestamente falsos para poder estafar al instituto por valor de USD. 14.200.000 aproximadamente.
«En el 2020 yo no estaba acá, pero ya comienzan las adjudicaciones, que probablemente son adjudicaciones completamente irregulares y vamos a empezar a revisar todas estas adjudicaciones», sostuvo. Además de referir que se trata de unos 3500 hectáreas que se adjudican en el 2020.
Manifestó que los 4 expedientes son de la administración anterior, no de la actual Ruiz Díaz, «los 4 expedientes se cobran entre el 2021 y el 2022 con los valores fijados en la resolución del 2013″, añadió.
Agregó que desde el Indert, decidieron un plan de acción de manera inmediata, en primer lugar seguir con la investigación del Ministerio Público en el ámbito de supuesto título falso, mediante el cual se pretendía despojar de 175 mil hectáreas al INDERT», aseveró.
Manifestó que posteriormente se procedió a la venta como un inmueble a cualquiera porque iba a ser por escritura pública, no se iba a regir por el estatuto agrario.
«Segundo suspender todas las adjudicaciones de las 10 mil hectáreas, incluyendo los 4 casos que vienen del año 2020. Pensábamos que eran 4 casos son 10 mil hectáreas las que hay que revisar, eso es solo en Carmelo Peralta», expresó.
Recordó que misma suerte corrió el terreno en Pozo Hondo, donde también verifican probablemente algunas irregularidades y también toda la trayectoria de la Bioceánica.
«Donde estamos encontrando empresas que están utilizando prestanombres en toda la trayectoria de la Bioceánica para pagar como reforma agraria y quedarse con esos lotes», afirmó.
Explicó que hicieron los cálculos y estiman que el nivel de transacción entre Carmelo Peralta, Pozo Hondo, la trayectoria de la Bioceánica son de unos USD 3500.000.000, es decir un 8 % del Producto Interno Bruto, «es lo que acá se le iba a despojar al Estado», resaltó.
Recordó que se tratan de una serie de hechos irregulares que ocurrieron en la zona, por lo que comenzaron a revelar, «hay que empezar a clarificar porque no puede ser que utilicemos el sufrimiento del campesinado para hacer este tipo de negociados», destacó.
Finalmente, dijo que se procederá a la investigación total, «no solo las adjudicaciones, sino a quién se le adjudicó porque probablemente en ese esquema del título falso, se les adjudicó a parientes para hacer la retención y posteriormente, se iba a hacer transferencia por escritura pública», culminó.
Julio Ramón Dávalos Acuña.