Con relación a las “Buenas prácticas destinadas a garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos humanos”, expuso hoy la defensora general, María Lorena Segovia Azucas, en la Novena Sesión Especial sobre el tema. El encuentro online estuvo organizado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Participaron representantes de las Defensas Públicas de los países de la región.
La Defensora General contextualizó el trabajo del Ministerio de la Defensa Pública sobre la cultura de los pueblos indígenas existentes en Paraguay, así como el acceso de los mismos a la justicia. En esta línea refirió sobre el compromiso institucional con la promoción y protección de los derechos de este sector.
Hasta marzo del 2021, la Defensa Publica asistió a 337 personas indígenas en distintos fueros en todo el territorio nacional. El equipo antropológico de la institución realizó 59 informes y participó en 131 audiencias, telemáticas y presenciales. Además se realizaron 13 asesoramientos y 3 “Aty Guasú” o encuentros comunitarios en las comunidades indígenas Punta de Carmelo Peralta, La Esperanza de Bahía Negra y Pai Tavyterá.
Explicó que la protección jurídica se reafirma en el Código Procesal Penal, que dedica un capítulo exclusivo al procedimiento aplicable a los “Hechos Punibles Relacionados con Pueblos Indígenas”. Este proceso conlleva distintas etapas en las que se requiere de la asistencia obligatoria de peritos en cultura indígena para el análisis de su estado de alienación cultural y para el conocimiento y aplicación de sus propias maneras de resolución de conflictos, además de otras cuestiones relevantes.
La Defensora General reconoció que este trabajo específico representa un gran desafío de la Defensa Pública, ya que cada pueblo tiene sus propios sentidos de espiritualidad, resistencia, justicia y autonomía; sus normas, autoridades de decisión y aplicación y procedimientos. Esto implica la necesidad de que los Defensores y Defensoras Públicas entiendan que la etnicidad no es meramente la manera distinta de hablar o de vestirse; sino que se establece a través de las propias instituciones, de la manera divergente de vida sustentada en su cosmovisión, en su cultura propiamente, enfatizó.
Desde la Defensa Pública se dispensa un apoyo institucional a este sector de la población, mediante la Asesoría de Pueblos Indígenas, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos de la institución. La misma cuenta con abogados y antropólogos, matriculados en la Corte Suprema de Justicia como peritos en cultura indígena y, en efecto, habilitados para participar en los procesos judiciales en los cuales los defendidos sean personas indígenas.
Fuente: Boletin de prensa del Ministerio de la Defensa Pública.