Ayudas directas del Estado protegen a sectores vulnerables de los efectos económicos del Covid-19

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Asunción, IP.- Las diversas ayudas directas que ha dispuesto el Estado ante la reducción de las actividades por causa del Covid-19, cubren una diversidad de sectores claves y al mismo tiempo vulnerables, con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia en la economía nacional.

Una de las ayudas directas de mayor alcance dispuesta por el Gobierno Nacional es el pago adicional para las 167.000 familias del programa de transferencia monetaria Tekoporâ, que beneficiará a las poblaciones en situación de pobreza de los 17 departamentos del país y a la totalidad de las comunidades indígenas.

Otra de las transferencias con fuerte impacto en los sectores vulnerables es el programa de pensión alimentaria para adultos mayores, que tendrá un pago anticipado para los más de 207.000 beneficiarios en todo el país.

Entre Tekoporâ y el Programa de Adultos Mayores, el Estado invertirá unos 180.000 millones de guaraníes en sectores que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y dependen de estas ayudas para una digna subsistencia.

Al mismo tiempo, para las familias que no están protegidas por estos dos programas, el gobierno puso en marcha uno nuevo, denominado Ñangareko, que también brindará transferencias monetarias para la compra de alimentos y productos de higiene a unas 330.000 familias de jornaleros, vendedores informales y personas en situación vulnerable. El monto inicialmente previsto de 230.000 guaraníes por familia está siendo revisado por el gobierno y no se descarta un aumento en la transferencia.

Para el sector formal trabajador y los cuentapropistas que ven afectados sus ingresos ordinarios por las medidas de aislamiento social que requiere la lucha contra el Covid-19, el gobierno también prevé una transferencia en dos cuotas de un monto equivalente al 25% del salario mínimo. Son dos pagos de 545.000 guaraníes para aproximadamente 1.500.000 trabajadores mediante un fondo de 300 millones de dólares previsto en la ley de contingencia recientemente aprobada por el Congreso Nacional.

En esa nueva ley de contingencia, el Estado garantiza también recursos para que el Instituto de Previsión Social pueda pagar el 50% del salario a los trabajadores que queden cesantes de sus puestos laborales en este periodo, así como brindarles una cobertura sanitaria por dos meses más, sin la necesidad de brindar sus aportes.

En las disposiciones del gobierno también se contemplan algunas que apuntan a reducir los costos operativos y gastos cotidianos de las empresas y familias. Así, se dispuso el diferimiento y pago fraccionado de impuestos y de servicios públicos básicos como la electricidad, agua y telefonía, durante los próximos tres meses. Para los sectores con menor consumo eléctrico, de hasta 500 kilowatts mensuales, la ley contempla una exoneración total en ese periodo.

Así también la ley contempla la prohibición de desalojo contra aquellas familias que viven en alquiler y que no puedan pagar la totalidad del monto mensual durante los próximos tres meses, siempre y cuando abonen el 40% del mismo. Las sumas pendientes deberán ser prorrateadas y pagadas junto con el alquiler normal del mes de julio, y las deudas prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de seis meses.

Nuevas disposiciones se siguen dado a conocer para beneficio de la economía familiar. Así, la petrolera estatal Petropar confirmó este jueves la reducción permanente en 400 guaraníes de todos sus combustibles, medida que había sido establecida inicialmente como transitoria. Otras medidas no se descartan en las próximas horas.