El Ministerio Público manifiesta el respaldo total a la intervención realizada por el agente fiscal Enrique Díaz, en la ciudad de Encarnación, tras la intención de bloqueo a los accesos a la ciudad, expresa el comunicado de prensa, emitido por la institución.
Refiere que el representante de la sociedad cumplía con su rol de agente fiscal, teniendo en cuenta que también se recibieron denuncias ciudadanas por el bloqueo de la Ruta. En esta y en cualquier circunstancia, los agentes fiscales deben velar por la no violación de las disposiciones de la Constitución Nacional, cuyo artículo 41 garantiza el libre tránsito por el territorio nacional, por ende, no está permitido el cierre de rutas o de ciudades.
Menciona, que además, se advierte que se podría incurrir en grave perjuicio si se bloquea el paso de vehículos de auxilio, como ambulancias y bomberos.
Afirma, que el Código Penal de nuestro país en su artículo 241, “de la Usurpación de Funciones Públicas, indica que el que sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que sólo puede ser realizado en virtud de una función pública específica, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Señala que por tanto, desde el Ministerio Público se insta a evitar conductas que pueden tener sanciones penales, puesto que pese a las restricciones por motivos de emergencia sanitaria, el Estado de Derecho prevalece al igual que el respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Se hace un llamado a la cordura, al trabajo en equipo y a aportar en conjunto para hacer frente a esta situación, agradeciendo a todas las instituciones y a la ciudadanía que colaboran de forma íntegra con la aplicación de las medidas sanitarias.
Finalmente, manifiesta que la titular de la Institución, la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Quiñonez, respalda y apoya, no solo al fiscal Enrique Díaz, sino a todos los agentes fiscales y funcionarios que trabajan incansablemente en el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de nuestros compatriotas, en el marco de las leyes vigentes y el Estado de Derecho.